El 13 de julio, el panel de expertos convocado por Ursula von der Leyen entregó sus recomendaciones sobre infancia y pantallas. Cuatro días antes, el Parlamento Europeo había prorrogado hasta 2028 el permiso para que las plataformas escaneen mensajes privados buscando material de abuso sexual infantil. Se contaron como dos noticias distintas, pero forman parte del mismo movimiento: Europa ha decidido que proteger a los menores en internet pasa por saber, con certeza, quién está al otro lado de la pantalla.

El 92% de los europeos considera prioritario reforzar esa protección. El consenso es auténtico y yo formo parte de él, como casi cualquiera que trabaje con adolescentes. El objetivo no admite discusión; el precio, en cambio, me genera más dudas porque todavía no se ha puesto sobre la mesa.

Cómo hemos llegado hasta aquí

En 2022 la Comisión presentó el reglamento contra el abuso sexual infantil en línea, conocido como Chat Control: obligaba a escanear las comunicaciones privadas, incluidas las cifradas, en busca de material ilegal. La contestación técnica y ciudadana fue larga y bien argumentada, y funcionó. Aquella versión quedó bloqueada.

Lo que vino después es más interesante que la victoria. El reglamento sigue encallado en el trílogo, atascado donde estaba: en si Bruselas puede obligar a romper el cifrado. Y como el cifrado aguanta, ha aparecido otra vía para llegar a un resultado parecido sin tocarlo. Si no puedes leer el mensaje, identifica al remitente. El texto que se negocia extiende las obligaciones de verificación de edad a los proveedores de correo electrónico y a las aplicaciones de mensajería. Ese salto rara vez se explica, y es el que lo cambia todo.

El intercambio que nos proponen

El debate lleva años planteado como un trueque: menos privacidad a cambio de más seguridad para los niños. Y hay una parte de ese intercambio que es falsa, cosa que casi nadie cuenta porque estropea el relato de los dos bandos.

La Comisión ha desarrollado una aplicación europea de verificación de edad que permite acreditar que superas los 13, los 15 o los 18 años sin dar tu nombre, tu fecha de nacimiento ni una foto de tu documento. España, junto a Francia, Italia, Grecia y Dinamarca, está entre los primeros países que la integran. Funciona con pruebas de conocimiento cero: emitida la prueba, el vínculo entre el usuario y quien la emitió se corta. Quien diga que esa app entrega el DNI a la plataforma exagera, y esa exageración es justo lo que necesita quien prefiere que el debate no se tome en serio. Se puede saber que alguien tiene quince años sin saber cómo se llama. Existe y funciona.

El problema está en otros dos lugares, y ninguno es criptográfico. El primero, en el nombre que la propia Comisión le da a la aplicación: la llama «mini cartera», porque es un subconjunto de las EUDI Wallets, las carteras europeas de identidad digital que todos los Estados deben tener listas antes de que acabe 2026. La app que hoy demuestra una edad y la cartera que mañana demostrará quién eres comparten arquitectura y aterrizan en el mismo teléfono con meses de diferencia. Y una infraestructura de identificación no se juzga por su primer uso, sino por todos los que quedan disponibles después. Se despliega por un motivo que nadie discute y se queda ahí, esperando el siguiente motivo razonable.

El segundo es más grave. Verificar la edad de quien entra en una red social o en una web pornográfica tiene una lógica que se entiende: hay un contenido, un umbral y una puerta. Verificar la edad de quien abre su correo o manda un mensaje no protege a nadie de ningún contenido: la correspondencia privada no es un producto de consumo con una etiqueta de edad en el envase. Cuando la verificación pasa del escaparate a la conversación, lo que se pide deja de ser una edad y empieza a ser una identidad pegada a cada cosa que escribes. Eso ya no es el trueque que aceptamos. Es otro.

Dónde están los límites

Un consenso tan sólido puede permitirse ser exigente con los medios. En mi opinión, en el texto de septiembre deberían aparecer por escrito cuatro condiciones:

1. Que la ley separe de forma explícita y permanente acreditar una edad de identificar a una persona, y prohíba reutilizar lo segundo amparándose en lo primero. 
2. Que la verificación sea proporcional al riesgo, con una frontera clara entre los servicios que publican contenido y los que transportan conversaciones privadas. 
3. Que la infraestructura tenga fecha de revisión y de caducidad, en lugar de instalarse a perpetuidad. 
4. Y que nadie, público o privado, conserve el registro de dónde entra cada ciudadano y cuándo.

No es maximalismo: es lo mínimo que se le exige a cualquier medida que restringe un derecho para proteger otro.

Lo que ya sabemos que cuesta

En junio, la relatora especial de Naciones Unidas, Gina Romero, presentó un informe con 152 testimonios de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos en 84 países. Documenta que la vigilancia digital sostenida deja huella clínica: agotamiento crónico, estrés postraumático, autocensura permanente. Habla de personas vigiladas por Estados, no de adolescentes con una app en el móvil, y equiparar ambas cosas sería una trampa. Pero uno de sus hallazgos sí viaja: el daño no lo causa la vigilancia efectiva, sino la conciencia de ser vigilable.

Un chaval que crece acreditando quién es cada vez que entra en algún sitio aprende dos cosas a la vez. Aprende a protegerse, que es lo que queríamos. Y aprende, sin que nadie se lo diga, que el acceso exige identificarse, que el anonimato levanta sospechas y que la privacidad es una concesión revocable. Esa segunda lección no la recoge ninguna evaluación de impacto, porque no se contabiliza en incidentes evitados. Se paga más tarde, en lo que esa generación se atreva a buscar, a preguntar y a escribir.

Ahí está el trabajo de una escuela y de una familia, y no consiste en instalar la aplicación y respirar tranquilos. La verificación de edad no educa: filtra. Educar es enseñar a un adolescente a distinguir cuándo un servicio necesita saber su edad y cuándo está aprovechando para saber su nombre. Esa distinción, hoy, es contenido escolar, aunque no figure en ningún currículo.

Todavía hay margen: el precedente de Chat Control demostró que la presión pública informada tuerce decisiones en Bruselas. Pero hay que pedir algo concreto, y cabe en una frase: que la ley escriba negro sobre blanco que saber la edad de alguien y saber su nombre son dos cosas distintas, y que van a seguir siéndolo.

Protegemos al menor del contenido, perfecto. Pero falta concretar qué entregamos a cambio.

Firma: Joan de Santiago. Consultor en inteligencia artificial aplicada en educación. Director del podcast Educar en tiempos de IA.